Montero vigilará con inspectores la creación de listas negras de médicos antiabortistas

La creación de un registro de médicos objetores (listas negras) es una de las medidas más polémicas de la nueva ley del aborto promovida por Irene Montero y que iniciará ahora el trámite parlamentario. La ministra de Igualdad defiende «el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro público más cercano» y eso implica que «siempre tendrá que haber personal disponible». La norma obliga a dejar por escrito en un registro qué médicos se oponen a realizar abortos, a fin de organizar el servicio en la red pública para que siempre haya profesionales sanitarios suficientes para poder practicar abortos. Para vigilar que esto se cumpla, Montero prevé además reforzar el papel de la Alta Inspección, con la que se «velará por el cumplimiento homogéneo de la ley en el conjunto del territorio, y, en particular, por el acceso en condiciones de igualdad y con un enfoque de equidad territorial a las prestaciones y servicios establecidos», recoge la norma. Algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, han mostrado sus discrepancias con este registro.

La medida de las listas negras de médicos contrarios al aborto ha provocado recelos entre la comunidad médica, donde se considera que puede contravenir el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias, como se garantiza en el artículo 16.2 de la Constitución Española. Estiman, además, que el registro puede ser contrario al derecho a la confidencialidad e incluso a la no discriminación y recelan de que pueda derivar en consecuencias laborales, en la medida en que el servicio tendrá que organizarse según la disponibilidad de sanitarios que estén dispuestos a esta práctica.

Con la ley, Igualdad pretende trasladar a la Sanidad pública la interrupción voluntaria del embarazo teniendo en cuenta que, en la actualidad, la inmensa mayoría de los abortos se realizan en los centros privados. Para ello, se invade el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, que, como ha esgrimido el Tribunal Constitucional en distintas ocasiones, «forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa».

«El registro de objetores se puede utilizar para limitar el derecho a la objeción de conciencia, un derecho que es fundamental y está recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en nuestra Constitución. A nadie se le puede discriminar por ser objetor de conciencia. Incluirlo en un registro que luego pueda tener implicaciones a nivel laboral de promociones, de contrataciones o de renovación de contratos me parece muy peligroso. Es una de las cosas que más me preocupa de este nuevo proyecto de ley», ha manifestado este miércoles el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez-Sellés, en iSanidad.

La propia Montero no ha tenido reparo en admitir que «una vez que sepamos, en la privada y en la pública, el personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y comunidad autónoma tendrán que garantizar que hay siempre personal disponible». Según la ministra, «lo que no puede ocurrir es que el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia impida el acceso a un derecho fundamental para que más de la mitad de la población, las mujeres, podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo».

Aborto a los 16 años

Entre los puntos más destacados de esta reforma está la medida que permite a menores a partir de los 16 años interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin el permiso de sus progenitores. La norma, además, incluye otras medidas que han generado polémica, como las bajas por reglas dolorosas incapacitantes.

Según la ministra, la norma es indicativa «de la calidad democrática» del país, ya que el «derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud» y, al mismo tiempo, «abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos» como la posibilidad de que las mujeres puedan «elegir sus proyectos de vida».